LA TRADUCCIÓN QUE PUEDE COSTAR 3.000 MILLONES DE EUROS A MONTORO (O A LAS PYMES)

LA TRADUCCIÓN QUE PUEDE COSTAR 3.000 MILLONES DE EUROS A MONTORO (O A LAS PYMES)

Miquel Roig

19/02/2017 | 17:56

¿Puede un matiz en una traducción ser clave para determinar si 3.000 millones de euros acaban en el ministerio de Hacienda o en las cuentas de las pymes españolas? Parece que sí. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió la semana pasada una sentencia de la que dependía buena parte de la esperanza de las pymes españolas de recuperar los intereses de demora y los costes de cobro que les adeudaba la administración pública antes de que se acogieran al plan de pago a proveedores del Gobierno.

Recapitulemos. Era el año 2013 y los proveedores de las administraciones central, regionales y locales acumulaban sustanciosas facturas impagadas por servicios y bienes prestados a los organismos públicos. Ese retraso les daba derecho a unas compensaciones (intereses y costes de gestión del cobro).

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se sacó un plan de la chistera. Ofreció el pago inmediato de la deuda a cambio de renunciar a las compensaciones por la demora. Miles de empresas se acogieron, pero otras muchas demandaron después al Gobierno por considerar que la condición de renunciar a intereses y costes de cobro era abusiva e incompatible con el derecho europeo.

Para recogicijo de los corresponsales bruselenses, el caso llegó al TJUE. La sentencia se conoció el jueves. Había mucho en juego. Si el Tribunal hubiese decidido que la condición era abusiva e incompatible con la legislación comunitaria, el Gobierno se habría visto obligado a reembolsar esas cantidades. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, una asociación de patronales creada en 2008, la cifra podría ascender hasta 3.000 millones de euros.

La respuesta fue que la condición era legal, aunque añadió un “siempre y cuando”: que las empresas no estuviesen obligadas a acogerse al plan Montoro. Y el TJUE delegó esa función en los juzgados nacionales: son ellos los encargados de dilucidar si las compañías tuvieron libertad de elección. Pero la propia sentencia apuntaba lo siguiente:

“El juzgado remitente reconoce que no es obligatorio acogerse al mecanismo extraordinario de financiación y que los deudores que deseen obtener el pago no sólo del principal, sino también de los intereses de demora y de la compensación por los costes de cobro, siempre pueden interponer un recurso contencioso-administrativo”.

A priori pinta mal para las empresas y bien para Montoro. Pero según los abogados de una de las empresas afectadas, la sentencia les deja una puerta abierta: el juzgado nacional puede interpretar que una empresa en una difícil situación económica no tenía libertad de elección. Es decir, tenía que acogerse sí o sí al plan Montoro.

Aquí el extracto de la respuesta de Joaquín Tornos y Juan Irala (Tornos Abogados), letrados de una de las empresas implicadas, IOS Finance (énfasis mío):

“La apreciación del libre consentimiento, atendiendo a lo dispuesto en el considerando 35, entendemos que puede tener dos posibles interpretaciones:

·Cuando el referido considerando se refiere a que el acreedor haya podido realmente disponer de todos los recursos efectivos para exigir, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda íntegra incluidos los intereses de demora y compensación por costes de cobro, debe entenderse que no debía existir impedimento legal alguno para la satisfacción de dichos derechos. En este caso, la referencia a todos los recursos efectivos debe entenderse referida al marco normativo aplicable.

·Cuando el referido considerando se refiere a que el acreedor haya podido realmente disponer de todos los recursos efectivos para exigir, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda íntegra incluidos los intereses de demora y compensación por costes de cobro, debe entenderse que la referencia a los recursos efectivos se refiere a la situación económica de quien renunció, de modo tal, que la renuncia no debe entenderse libremente consentida si la situación económica obligaba a aceptar las condiciones impuestas por el deudor”.

De una u otra interpretación del concepto “libre consentimiento”, de si es meramente legal o también económico, dependen esos 3.000 millones de euros. Y aquí es donde entra en juego el “lost in translation”. Si uno va a la versión en español de la sentencia dice lo siguiente (énfasis mío):

“En un caso como el del litigio principal, para apreciar si la renuncia ha sido libremente consentida, es necesario asegurarse de que el acreedor haya podido realmente disponer de todos los recursos efectivos para exigir, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda íntegra, incluidos los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro, extremo que incumbe comprobar al juzgado remitente”.

Es decir, el TJUE dice que la empresa tenía que “disponer de recursos efectivos” para poder no acogerse al plan Montoro. Y es cierto que aquí el término es algo ambiguo. ¿Qué son recursos efectivos? ¿recursos legales?, ¿recursos económicos?, ¿ambos?.

Pero si uno va a la versión en inglés de la sentencia, la ambigüedad desaparece (énfasis mío):

“In a case such as that in the main proceedings, in order to assess whether the waiver has been freely agreed to, it is necessary to ensure that the creditor was in fact able to rely on any effective legal remedy to seek, had he wished to, payment of the debt in full, including interest for late payment and compensation for recovery costs, this being a matter for the referring court to verify”.

Lo que aparece en negrita, traducido literalmente, es lo siguiente: “Es necesario asegurarse de que el acreedor era capaz de disponer de cualquier reparación [“compensación” también aparece como acepción] legal efectiva para buscar, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda al completo”.

Es decir, según la versión en inglés, el TJUE limita exclusivamente la libertad de acogerse o no a que en ese momento la empresa tuviera vías legales para reclamar, sin mención a la situación económica.

Pero la cosa no acaba ahí. Según me cuenta el equipo de Relaciones con los Medios del TJUE, resulta que el idioma de trabajo oficial del TJUE, y que en ese idioma se redactan las sentencias. Así que uno puede ir también a la versión francesa, a ver qué sale. Y sale esto (de nuevo, énfasis mío):

“Dans un cas tel que celui au principal, afin d’apprécier si la renonciation a été librement consentie, il y a lieu de s’assurer que le créancier aurait réellement pu disposer de toute voie de recours effective [sic] pour exiger, s’il l’avait souhaité, le paiement de l’intégralité de sa créance, en ce compris les intérêts pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier”.

La parte en negrita, traducida literalmente al español dice lo siguiente: “Es necesario garantizar que el acreedor podrá disponer en realidad de cualquier vía de recurso efectivo para solicitar, si lo hubiera deseado, el pago de la totalidad de su deuda”.

Y aquí, de nuevo, parece que la balanza se inclina más hacia una interpretación de libertad legal de acogerse al plan y no tanto hacia la de libertad económica (Más sobre la expresión, aquí: Voie de recourse effective). (*)

Sin embargo, también desde el Tribunal de Justicia de la UE, me dicen que al tratarse de una cuestión prejudicial española, el idioma que prevalece es el español.

Ahora los juzgados nacionales en España serán los encargados de interpretar la sentencia del TJUE. Qué idioma elijan para hacerlo puede ser clave para decidir cómo se reparten esos 3.000 millones de euros.

(*) En la versión francesa hay una cosa que chirría: una falta de ortografía: “effective” es inglés. En francés sería “effectif”. Si el idioma original es el francés, tal y como indican desde el TJUE, ¿cómo es posible que se colara una palabra en inglés? ¿una mala jugada del corrector automático de textos del Word? ¿En esta ocasión la versión francesa se tradujo del inglés? Cuando lo sepa, actualizo el post.

Miquel Roig

Artículo original: http://www.expansion.com/blogs/roig/2017/02/19/el-error-de-traduccion-que-puede-costar.html

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.